¡¡Oscar Reina Absolución!!

¡¡Oscar Reina Absolución!!

 

 

El pasado lunes 2 de julio detuvieron a Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT), bajo la acusación de “injurias a la corona” por escribir sobre la herencia franquista que la corona española presenta. Este fue el mismo motivo de su anterior detención tres semanas atrás. Desde Marchas de la Dignidad en Aragón condenamos la persecución política así como toda la represión que este sindicato viene sufriendo por parte del Estado español. Desde Aragón ofrecemos toda nuestra solidaridad.
Exigimos la derogación de las leyes e instituciones de represión y persecución política que utiliza el Estado contra las voces críticas y combativas.

¡Libertad de los presos políticos!

¡Amnistía total ya!

¡Libertad de expresión para la clase obrera!

COMUNICADO de las Marchas de la Dignidad en Aragón contra la represión: https://marchasporladignidadaragon.

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Marchas de la Dignidad de Aragón en solidaridad con Oscar Reina y el SAT

Marchas de la Dignidad de Aragón en solidaridad con Oscar Reina y el SAT

 

 

Video Declaraciones de Óscar Reina (Secretario Nacional del SAT) tras su puesta en libertad.

 

Escrito de apoyo y solidaridad de Marchas de la Dignidad de Aragón

Marchas de la Dignidad de Aragón condena este hecho despreciable de la detención de Oscar Reina, portavoz nacional del SAT, por los hechos que se le acusan y desde aquí ofrecemos nuestra solidaridad con él, con sus familiares, amig@s, compañer@s y con el sindicato SAT.

Exigimos la derogación de la ley mordaza y condenamos las actuaciones fascistas de este Estado Español que desde 1939 lleva asesinando, reprimiendo y encarcelando a las personas que luchan contra este modelo en el que vivimos, el capitalismo, sinónimo de desigualdad, terror e injusticia. El estado no ha cambiado nada desde 1939. En 1978 pusieron una careta llamada “democracia” y poco a poco se va cayendo.

¡¡Libertad a los presos políticos por luchar!!

¡¡Aministía total YA!!

Comunicado de las Marchas de la Dignidad en Aragón sobre los últimos ataques represivos:

Comunicado de las Marchas de la Dignidad en Aragón sobre los últimos ataques represivos

 

 

Asistíamos el pasado 6 de Junio un terrible espectáculo como fue la detención en su propio pueblo por un dispositivo armado hasta los dientes de la Guardia Civil a los jóvenes Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Iñaki Abad y Julen Goikoetxea, condenados con penas de entre 9 y 13 años de prisión. Todo esto por lo que a todas luces, con videos que lo demuestran,  fue una pelea de bar en la que un mero guardia civil fuera de servicio tiene la capacidad de hacer pasar a unos jóvenes vascos más de 500 días en la cárcel sin siquiera celebrarse un juicio, acusándolos de terrorismo. Pues, como siempre, para el Estado español todo vale si se trata de reprimir a personas contrarias al régimen, especialmente en Euskal Herria.

Este es el pan de cada día: represión al pueblo catalán por ejercer su derecho a la autodeterminación, represión a raperos como Valtonyc, Hasel o La Insurgencia por denunciar al régimen y a la monarquía en sus temas,  represión por opinar en redes sociales como el caso de Alfredo Remirez, represión a sindicalistas como el secretario general de la CGT en Catalunya Ermengol Gassiot y a 28 compañeros que luchaban por una educación pública o al militante del SAT Fran Molero por manifestarse frente al congreso en 2013, represión para el periodismo independiente que muestra lo que los medios del régimen nos quieren ocultar como el caso del periodista Boro por grabar cargas policiales, la periodista Verónica Landa por informar sobre las torturas, malos tratos y muertes bajo custodia policial en el Estado español o el caso de Alex de Resistencia Films.

Esta represión no es nada nuevo, y queremos señalar que ni se origina ni acaba con la Ley Mordaza. Es hora de interiorizar que debemos de derogar todas las leyes represivas, que indistintamente del motivo que las originó, nos las aplican siempre a los mismos. Es el caso de la Ley antiterrorista, el Código Penal, la Ley de Partidos,  Ley Corcuera, Ley de Enjuiciamiento criminal etc… Así como los tribunales de excepción y persecución política como la Audiencia Nacional.

Los ataques a las libertades fundamentales no suceden al azar, sino que responden a una estrategia represiva del estado español de apagar cualquier pequeña chispa de resistencia frente a su opresión. Un Estado dirigido durante 80 años por las mismas clases dominantes fascistas que ganaron la guerra civil en el 39 y se pusieron una careta “democrática” en el 78, que no era más que un “cambio” de fachada para los mismos cimientos.

Somos conscientes de que un cambio de gobierno no supone nada, pues gobierne quien gobierne, siempre perdemos los mismos. La monarquía parlamentaria (que es lo que sin duda más viste a este régimen) está sumida en el descrédito popular y es hora de hacer ver que de aquí solo nos saca un cambio de Estado y de sistema.

Es hora de tomar partido en la lucha antirrepresiva, y esto pasa por la organización, por la unificación de la lucha popular en torno a unos principios fundamentales que apunten directamente al corazón del régimen.

La nueva oleada de ataques represivos del Estado español es absolutamente abominable, y desde las Marchas de la Dignidad en Aragón aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro máximo rechazo a estos ataques represivos y reafirmamos nuestra convicción por la conquista de la Amnistía Total para todas las presas y presos políticos.

 

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA ‘ALTSASUKOAK ASKE’ ANTE LA SENTENCIA

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA ‘ALTSASUKOAK ASKE’ ANTE LA SENTENCIA

Ignominia, barbaridad humana y jurídica, injusticia, venganza de psicópatas, horror, aberración… no hay palabras para describir lo que supone esta sentencia. Han secuestrado la juventud de nuestros amigos y amiga. Quieren encerrarlos durante largos años, entre 13 y 9, en oscuros calabozos, y destrozar la vida de ocho familias de Altsasu. Se han basado en  la mentira, en la manipulación, en la tergiversación, en la exageración, en la sobreactuación y sobre todo, en el abuso de poder, de un poder despótico, el de la Audiencia Nacional, el de la Guardia Civil y el de algunos medios de comunicación. Todo ello ha desembocado en la conculcación de los principios básicos que deben sustentar una sociedad sana.

Y la justicia española, ni es justicia, ni es sana. Primero, porque esto no es terrorismo. Hasta la Audiencia Nacional lo reconoce. Antes ya lo había dejado claro de manera argumentada la Audiencia Provincial de Navarra. Y si no es terrorismo, los hechos deberían ser juzgados en Navarra, no en Madrid. En cambio, la intromisión y la injerencia de los poderes centrales desde Madrid, han llevado a que los hechos ocurridos en Navarra, no se juzguen en Navarra sino en Madrid, en un tribunal especial y excepcional que desconoce y desprecia completamente nuestra realidad. Han detenido a nuestros amigos y los han llevado a Madrid y los han encerrado en cárceles de Madrid, alejados de todas sus familias y sus amistades. ¿Cómo podemos defendernos de la intromisión, secuestro y el abuso que provienen desde los poderes centrales?

La justicia española, ni es justicia, ni es sana, porque han vulnerado las garantías a un juicio justo y al derecho a la defensa. La sombra de la Guardia Civil, y no sólo la sombra, ha sobrevolado en todo este proceso.  La jueza Lamela, la instructora de la causa en la Audiencia Nacional, la que no permitió la inclusión de pruebas y relatos de testigos a las defensas, está condecorada por la Guardia Civil. La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación de esta causa. ¿Dónde queda la imparcialidad en la investigación de los hechos? La Guardia Civil ha detenido a nuestros amigos. Testigos y peritos han sido miembros de la Guardia Civil. Y lo que es más alarmante, la presidenta del Tribunal que ha condenado a estos ocho jóvenes, está casada con un Coronel de la Guardia Civil y ha recibido la cruz al mérito de la Guardia Civil. ¿Dónde queda la neutralidad del tribunal y de la Justicia? ¿Cómo podemos defendernos de un cuerpo y un modelo policial que en lugar de estar al servicio de la sociedad y supeditado al sistema judicial, se comporta con tales ansias vengativas y se sitúa por encima de los poderes democráticos?

Y la justicia española, ni es justicia, ni es sana, ni es garantista, porque se guía por la venganza y eleva el punitivismo a doctrina. Por un lado, como efecto más grave tenemos una lesión de tobillo, y por otro lado, tenemos provocativas penas de cárceles. La desproporción y la arbitrariedad jurídica resultan vergonzosas y terroríficas. 9571 casos similares en el año 2016 y en ningún caso con lesiones equivalentes ha habido condenas que supongan ingreso en prisión. Hoy mismo hemos conocido la sentencia sobre unos hechos similares ocurrido con unos Policías Nacionales en un bar de Pamplona y la condena máxima ha sido de dos años y medio. ¿Quién nos defiende de esta llamada Justicia vengativa que actúa con odio y contra la convivencia y los derechos humanos fundamentales?

Queremos Justicia, justicia con mayúsculas, justicia garantista, justicia enraizada en nuestra tierra, justicia que actúe al nivel de los estándares democráticos de respeto a los derechos y las libertades que prevalecen en la sociedad navarra. Por todo ello, para denunciar esta vergonzosa y indigna INJUSTICIA y para construir una sociedad y un sistema judicial democrático llamamos a la sociedad a difundir estos mensajes, a ser parte activa y participar en las movilizaciones que se realizarán en las siguientes fechas. El día 16 de Junio, por la tarde, volveremos a llenar las calles de Pamplona para pedir JUSTICIA en mayúsculas.

Gracias

Plataforma ALTSASUKOAK ASKE

En Altsasu, a 1 de Junio de 2018

Las Marchas de la Dignidad de Aragón se solidarizan con Verónica Landa e Izquierda diario. ¡¡LIBERTAD DE EXPRESION!!

Las Marchas de la Dignidad de Aragón se solidarizan con Verónica Landa e Izquierda diario. ¡¡LIBERTAD DE EXPRESION!!

http://www.laizquierdadiario.es/La-Policia-Nacional-quiere-poner-una-mordaza-a-Izquierda-Diario?id_rubrique=2653

La periodista del medio Izquierda Diario, Verónica Landa, ha sido denunciada por el Jefe Superior de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote, y ha sido llamada a declarar el próximo 2 de junio en el juzgado de Instrucción 32 de Barcelona. El motivo de la denuncia es una acusación de “calumnias” por un artículo en el que la periodista denuncia el clima de impunidad del que gozan las distintas policías del Estado español a través de varios casos que han terminado en archivos, sobreseimientos o indultos.

Hoy somos varios los medios de comunicación que reproducimos  dicho artículo. Lo hacemos por solidaridad  con la compañera, pero también en denuncia de todo lo que está ocurriendo alrededor de la libertad de expresión, que ha sido derogada de facto. Día a día estamos viendo cómo cantantes, periodistas, twitteros, titíriteros y cualquiera que muestre una visión crítica puede ser el próximo objetivo de gobierno, fuerzas de seguridad y judicatura, ayudados siempre por sus grandes medios de comunicación. Además, lo compartims porque estamos convencidos de que si la compañera es una delincuente nosotrxs también lo somos, si informar es delito nos declaramos delincuentes y orgullosos de serlo.

Varios medios de comunicación

Impunidad para torturadores ¿novedad o práctica común?

El caso de Moreno García no es excepcional. El número de indultos concedidos por el PP y el PSOE, así como informes de organismos de derechos humanos muestran cómo en el Estado español la impunidad por torturas es habitual.

Héctor Moreno García, nuevo jefe de la Policía Nacional de Cantabria, fue condenado por torturas y detención ilegal en 1994. En 1998 fue indultado por el gobierno de José María Aznar junto a otros policías condenados en el mismo caso.

Otro ejemplo es el de Félix Antolín, nombrado en febrero de este año jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha. Antolín está denunciado por vejaciones y acoso laboral a un subinspector.

El nombramiento, en ambos casos, corresponde al ministerio del Interior y, por lo tanto, al ministro Juan Ignacio Zoido. Este declaró el pasado 6 de abril que tiene «muchísima confianza» en Héctor Moreno García. A la vez, remarcaba el compromiso del Gobierno con la «seguridad y la libertad».

El ministro también destacó que tanto la Policía como la Guardia Civil figuran entra las instituciones «más valoradas» por la sociedad y que actúan «con escrupuloso respeto a la legalidad en el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales».

Por su parte Ramón Cossío, portavoz del SUP (Sindicato Unificado de Policía), cree que el asunto de Moreno García se ha «magnificado» y respecto a la condena de 1994 que «era joven y se vería involucrado en algún altercado».

Los informes de entidades como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, integrada por organizaciones contra la tortura y por los derechos humanos, contabiliza 7.500 casos de denuncias por torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos.

Por su parte, Amnistía Internacional denunció casos de abusos

policiales, malos tratos y/o torturas. Todos ellos, sin consecuencia para los puestos de los acusados.

Indultos e impunidad

Otro de los ejemplos de indultos a torturadores es el de Manuel Sánchez Corbi, guardia civil condenado en 1997 a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por las torturas a Kepa Urra en 1992.

Fue indultado en 1999 y llegó a coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El SUP en 2012 lo calificaba como «sucesor del general (Enrique) Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por encima de todas las instituciones». En 2015, Corbi recibió la Legión de Honor del Estado francés en “premio” a su actividad contra ETA.

También está el caso de Sebastián Trapote Gutiérrez, jefe de la Policía Nacional en Cataluña, indultado por la muerte de un sospechoso en 1974. La declaración de Trapote fue considerada inverosímil por la familia del fallecido y lo llevaron a juicio. En 1977 la Audiencia Provincial de Barcelona sobreseía el caso al considerar que los hechos quedaban acogidos a los indultos de 1975 y 1977.

Desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en ocho ocasiones por no investigar casos de tortura. Siete de estas condenas se relacionan con casos de torturas y malos tratos durante el régimen de incomunicación a personas acusadas de pertenencia a banda armada y terrorismo. Recordamos también los casos del 4F o Juan Andrés Benítez. En ambos casos, los policías implicados fueron absueltos o su condena reducida.

El Gobierno señala que si en el período 2008-2013 6.903 agentes de Policía y Guardia Civil estuvieron implicados en casos de malos tratos y torturas, solo hay 47 condenas en firme, lo que les lleva a afrimar que el resto se trata de denuncias falsas.

En este sentido, Patricia Goicochea, directora adjunta de Rights International Spain, señala «Que una denuncia sea archivada no significa que sea falsa. Significa que el denunciante no ha podido probar su versión, por lo que en esa afirmación el Gobierno se equivoca. Más todavía con el elevado número de casos en los que se ha demostrado que los juzgados españoles no investigan suficientemente este tipo de denuncias. Por lo tanto, lo que sí se puede decir es que en España se ha torturado porque ahí están las sentencias judiciales».

La reacción del PSOE ante toda la polémica de Moreno García ha sido pedir la comparecencia en el Congreso de Zoido y de Ignacio Coisidó, director general de la Policía, para explicar los criterios por los que se ha producido el nombramiento.

No dicen nada sobre el indulto a Moreno García. Sería irónico, puesto que el PSOE ha indultado desde 1991 al menos a 13 agentes de Policía, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra condenados por torturas, según recoge el diario ‘Público’.

Como observamos, no se puede afirmar que este tipo de “perdón” o impunidad sea puntual o novedoso, al contrario, viene de lejos, y es común. Las fuerzas represivas del Estado siguien siendo el primer grupo de choque a la hora de cortar las libertades de las luchadoras y los luchadores. Y para este fin cuentan con total legitimidad.

El Estado burgués se guarda para sí el monopolio de la violencia y la ejecuta a través de los diferentes cuerpos; Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas, etc, que actúan con la total tranquilidad de que se sus actos no serán condenados.

Si el rol represivo de estas instituciones es una constanción diaria en cualquier Estado burgués, en el caso del Estado español añade un punto más detestable, y es su relación con la dictuadura franquista.

La transición pácifica, vendida y bombo y platillo, tan solo fue así para las grandes familias y para las instituciones franquistas que mudaron a “demócratas”, como es el caso de la Policia Nacional, la Guardia Civil, la Audiciencia Nacional… y un sin finde instituciones que siguen con las mismas estructuras y personalidades que en tiempos de Franco.

Izquierdadiario.

NOTA DE PRENSA. Izquierda diario

HOJA DE FIRMAS Izquierda diario